La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha
alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha
adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja
de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína. La ilegalidad de la industria de
la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y
la corrupción son sus componentes naturales.
El narcotráfico ejerce su poder
para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las
redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios
nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para
desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los
derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático.
Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de
los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se
discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano
internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se está configurando
una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el
respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y
en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos
loables pero quizás contradictorios
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